Proceso cumple 50 años de historia periodística marcada por la independencia y la confrontación con el poder
El semanario conmemora medio siglo de trayectoria con una edición de aniversario que expone una presunta red de propaganda privada y millonarios contratos en el entorno del gobierno federal.
Por Luis Moreno
Fundada en 1976 por Julio Scherer García tras el golpe institucional contra el diario Excélsior impulsado por el expresidente Luis Echeverría, la revista Proceso cumple 50 años de existencia consolidada como un referente histórico de la prensa crítica y la investigación independiente en México. A través de un análisis sobre su impacto social, colaboradores y directivos del medio destacaron que el semanario no solo ha documentado las transformaciones políticas del país, sino que ha mantenido un ejercicio de “periodismo sin concesiones” frente a diez administraciones presidenciales de distintas fuerzas políticas.
El periodista José Gil Olmos recordó que la publicación nació bajo una escuela crítica impulsada por figuras de las letras y el periodismo nacional como Vicente Leñero, Miguel Ángel Granados Chapa, Rafael Rodríguez Castañeda, Daniel Cosío Villegas y José Emilio Pacheco. A lo largo de cinco décadas, este modelo periodístico ha operado como un contrapeso frente a diversos poderes fácticos, enfrentando presiones institucionales, vedas publicitarias como la famosa consigna de José López Portillo —“No te pago para que me pegues”— y agresiones directas derivadas de sus investigaciones sobre la delincuencia organizada y la corrupción política.
Actualmente dirigida por Jorge Carrasco Araizaga en su versión impresa y por Santiago Igartúa Scherer en el ámbito digital, la publicación afronta el reto de reestructurar su modelo de negocio —históricamente sustentado en la venta de ejemplares e inserciones privadas— ante la transformación de los hábitos de consumo informativo y las dinámicas del entorno digital.
En el marco de este 50 aniversario, la edición conmemorativa de Proceso puso en circulación dos investigaciones especiales que involucran el uso de recursos públicos y la operación de estrategias informativas desde el ámbito federal.
El primer reportaje, firmado por Santiago Igartúa Scherer, documenta presuntas irregularidades en la asignación de 84 millones de pesos procedentes de Capital 21, Canal Once y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la producción de la serie Los años heridos, centrada en la Guerra Sucia. De acuerdo con la investigación, los contratos fueron adjudicados sin licitación a la productora Gravedad Cero Films, vinculada a exfuncionarios cinematográficos, contando con la participación del actual coordinador de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, como asesor general.
Por otra parte, una investigación realizada por Camila Ayala, Aldo Canedo, Dalila Escobar y Rodrigo Hernández revela la operación de un entramado de empresas de comunicación estratégica —encabezado por la firma Heurística— que opera desde Palacio Nacional. El reportaje señala que estas compañías han obtenido contratos por al menos 345 millones de pesos en distintos órdenes de gobierno y administraciones ligadas a Morena para el manejo de campañas digitales y la difusión de contenidos gubernamentales.
Finalmente, la edición especial incluye un trabajo del corresponsal en Washington, Jesús Esquivel, sobre el proceso penal contra el capo Rafael Caro Quintero en Nueva York, analizando los acuerdos de extradición e implicaciones legales para evitar la pena de muerte en Estados Unidos. Con estas publicaciones, la revista ratifica su compromiso con la fiscalización del poder público y la construcción de ciudadanía informada en el México del siglo XXI.
