Obligan señalamientos de «narcopolítica» a investigar sin distinciones partidistas: Kenia López Rabadán
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados lamentó que las acusaciones de vínculos con el crimen organizado provengan del extranjero ante la falta de mecanismos institucionales internos.
Por Luis Moreno
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que el Estado mexicano enfrenta el desafío urgente de establecer mecanismos eficaces para investigar y sancionar a los funcionarios públicos con presuntos nexos con el crimen organizado. Señaló que, más allá de si las indagatorias vigentes involucran a mandatarios estatales específicos o a la estructura del partido Morena, la prioridad institucional debe ser impedir que se normalice la protección a la denominada «narcopolítica» en el país.
Durante un encuentro con medios de comunicación en Saltillo, Coahuila, la legisladora federal calificó como lamentable el hecho de que las imputaciones y expedientes de investigación penal en contra de gobernadores y políticos mexicanos sean impulsados de manera primordial por agencias u organismos del exterior. A su juicio, esta dinámica evidencia que las instituciones de procuración de justicia locales carecen actualmente de las herramientas, la autonomía o la voluntad política necesaria para combatir la infiltración del narcotráfico en las estructuras gubernamentales.
López Rabadán hizo referencia a las recientes controversias que vinculan a un grupo de personas con operaciones delictivas en el estado de Sinaloa, y apuntó que existen indicios de que estas prácticas podrían extenderse a otras entidades de la República. Ante este escenario, la diputada presidenta enfatizó que una verdadera defensa de la soberanía nacional no consiste en desestimar las alertas internacionales, sino en demostrar que las fiscalías mexicanas poseen la capacidad real de aplicar la ley a los servidores públicos implicados, sin importar su militancia partidista o si pertenecen al grupo político en el poder.
Asimismo, expuso que la ausencia de investigaciones objetivas y la persistencia de alianzas o componendas entre autoridades y cárteles impactan de forma directa en las condiciones de seguridad pública que viven los ciudadanos. Manifestó que el encubrimiento de estas conductas deteriora el tejido social y despoja a las familias de certezas básicas sobre la confiabilidad de sus gobernantes de nivel municipal y estatal, fomentando un clima generalizado de impunidad.
Finalmente, la presidenta del órgano legislativo de San Lázaro argumentó que la protección institucional a los funcionarios señalados emite un mensaje negativo a la sociedad, consolidando la percepción de que las conductas ilícitas en la administración pública no conllevan consecuencias legales. Añadió que dicha impunidad deteriora la confianza ciudadana en el sistema democrático y fiscal del país, afectando la legitimidad del cobro de contribuciones cuando la población percibe que las autoridades no actúan en contra de quienes operan al margen de la legislación.
