Aprueban en lo general reformas en materia de propiedad industrial e identidad gráfica institucional en la Cámara de Diputados
La iniciativa aprobada en el Pleno reforma el Código Penal Federal e incluye el artículo 403 Bis a la Ley de Propiedad Industrial; la oposición alerta sobre posibles abusos contra la libertad de expresión, mientras la mayoría defiende la medida contra fraudes.
Por Luis Moreno
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen promovido por el Ejecutivo Federal para reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La resolución, avalada con 312 votos a favor y 119 en contra, busca ampliar el catálogo de delitos en materia de derechos de autor, endurecer las sanciones contra la piratería a escala comercial e incorporar medidas estrictas para proteger la identidad gráfica del gobierno.
Dentro del paquete de modificaciones legislativas, uno de los puntos centrales es la adición del artículo 403 Bis a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Dicho apartado tipifica la utilización, reproducción e imitación a escala comercial de la identidad gráfica institucional, dominios o documentos oficiales de cualquiera de los tres órdenes de gobierno cuando el objetivo sea inducir al error o engaño. La conducta será sancionada con penas de uno a cinco años de prisión y multas que oscilan entre mil y 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
La iniciativa derivó en una intensa confrontación parlamentaria. Representantes de las bancadas opositoras del PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que la redacción del dictamen carece de criterios claros para determinar la intención del delito, abriendo la puerta a la censura de memes, parodias o caricaturas periodísticas que utilicen logotipos o elementos del Estado. Los legisladores criticaron la negativa del bloque mayoritario (integrado por Morena, PT y PVEM) para incluir una cláusula explícita que eximiera al contenido paródico o de sátira política de estas penalizaciones.
Por su parte, los legisladores de la coalición oficialista argumentaron que el ajuste legal responde exclusivamente a la necesidad de combatir estafas digitales, fraudes financieros y la suplantación de identidad institucional que afecta a los ciudadanos. Subrayaron que la ley contempla como requisito que la conducta se realice a «escala comercial» —establecida a partir de un umbral igual o superior a 170 UMA— con la intención deliberada de cometer un ilícito sobre el origen de una comunicación o servicio oficial.
Además del artículo en debate, el dictamen aprobado actualiza las penas para la falsificación de marcas, sanciona con hasta diez años de prisión la distribución no autorizada de obras antes de su lanzamiento comercial y fija esquemas resarcitorios en favor de las víctimas no menores al 40 % del valor comercial del producto o indemnizaciones de entre 340 y 50 mil UMA. Tras su aprobación en lo general, el proyecto continúa su trámite legislativo para la discusión de los artículos reservados en lo particular antes de ser turnado al Ejecutivo.
