Trump apela ante la Corte Suprema para continuar con desmantelamiento del Departamento de Educación
Por Luis Moreno
La administración del presidente Donald Trump solicitó este viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos que suspenda una orden judicial que impide los despidos masivos en el Departamento de Educación, medida clave en su plan para desmantelar la agencia federal.
La solicitud de emergencia fue presentada por el Departamento de Justicia después de que el juez federal Myong Joun, con sede en Boston, emitiera una orden preliminar el mes pasado para reinstalar a cerca de 1,400 empleados despedidos y frenar el desmantelamiento progresivo de la institución.
En el recurso, el procurador general D. John Sauer acusó al juez de «exceder su autoridad» e «imponer sus propias preferencias políticas sobre las de un gobierno elegido democráticamente». Sauer defendió que los despidos forman parte de una estrategia legítima del Ejecutivo para reducir funciones discrecionales del departamento y devolver competencias a los estados.
La disputa legal se centra en dos demandas consolidadas: una presentada por distritos escolares de Massachusetts junto a la Federación Estadounidense de Maestros, y otra por una coalición de 21 fiscales generales demócratas. Ambas sostienen que el plan de Trump constituye un cierre ilegal del Departamento de Educación y que los despidos impiden al organismo cumplir funciones esenciales establecidas por el Congreso, como garantizar educación especial, distribuir ayuda financiera y hacer cumplir leyes de derechos civiles.
El tribunal federal de apelaciones ya había rechazado suspender la orden judicial mientras continúa el litigio, subrayando que los despidos “probablemente paralizarán el departamento”.
Trump, por su parte, ha defendido que desmantelar el Departamento de Educación es una de sus principales prioridades de campaña, alegando que ha sido cooptado por intereses liberales y ha fracasado en mejorar los resultados académicos del país. Aunque ha reconocido que solo el Congreso tiene la autoridad para eliminar formalmente la agencia, en marzo emitió una orden a la secretaria de Educación, Linda McMahon, para iniciar su desmantelamiento “en la medida máxima permitida por la ley”.
Como parte de su plan, el presidente ha propuesto redistribuir las funciones del departamento: los préstamos estudiantiles federales pasarían a la Agencia Federal de Pequeños Negocios, mientras que los programas para estudiantes con discapacidades serían absorbidos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
A la espera de que la Corte Suprema responda a la apelación, el futuro del Departamento de Educación y de miles de empleados federales permanece en suspenso. El caso representa una batalla clave sobre los límites del poder ejecutivo y el futuro de la política educativa nacional.
