Reforma a la Ley de Amparo: ¿Qué cambia y cuáles son las implicaciones?
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha publicado una reforma a la Ley de Amparo que trae consigo cambios significativos en la forma en que los jueces podrán otorgar suspensiones contra reformas o leyes de aplicación general. Esta reforma, que entra en vigor este sábado, tiene como objetivo evitar que los jueces frenen provisionalmente la entrada en vigor de leyes o reformas que consideren inconstitucionales.
Según el decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), se modifican los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo. El cambio más destacado es la eliminación de la posibilidad de que los jueces otorguen suspensiones con efectos generales, es decir, que beneficien a toda la sociedad y no solo al quejoso individual que solicita la protección.
Anteriormente, los jueces podían conceder suspensiones con efectos generales cuando consideraban que no hacerlo podría causar un daño mayor al interés social. Sin embargo, esta práctica ha sido objeto de controversia y críticas, especialmente por parte del gobierno federal, que ha argumentado que estas suspensiones afectan la implementación de políticas públicas y reformas legislativas.
La interpretación previa de la Ley de Amparo permitió que los jueces concedieran suspensiones con efectos generales en casos emblemáticos, como la eliminación de fideicomisos, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y ajustes en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19. Estas decisiones judiciales tuvieron impacto a nivel nacional al detener la aplicación de normativas hasta que los litigios fueran resueltos.
La reforma ha generado reacciones mixtas. Sus defensores argumentan que fortalecerá la certeza jurídica y evitará la parálisis de reformas y políticas públicas importantes. Por otro lado, sus críticos consideran que limita el acceso a la justicia y la protección de derechos fundamentales, al reducir la capacidad de los jueces para proteger a la sociedad de medidas potencialmente inconstitucionales.
A partir de la entrada en vigor de esta reforma, quienes consideren que una ley o reforma es inconstitucional tendrán un plazo de 30 días hábiles para impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante una acción de inconstitucionalidad. Este proceso será crucial para determinar la constitucionalidad de las nuevas disposiciones introducidas por esta reforma.
La reforma a la Ley de Amparo refleja el intento del gobierno de regular más estrictamente el uso de esta figura legal, marcando un cambio significativo en la forma en que se interpretan y aplican las suspensiones en México.
