Proponen garantizar educación superior y capacitación laboral a personas en reclusión
La iniciativa de la diputada Merilyn Gómez Pozos busca que el derecho a la educación no se suspenda por la privación de la libertad, priorizando la reinserción de las mujeres en el mercado laboral.
Por Luis Moreno
Bajo la premisa de que la educación es un derecho humano fundamental que no debe interrumpirse por la situación jurídica de una persona, la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena) presentó una iniciativa para reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General de Educación.
La propuesta busca garantizar que las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios tengan acceso gratuito a un ciclo educativo completo: desde la alfabetización y educación básica, hasta los niveles medio superior y superior, además de capacitación técnica para el trabajo.
Romper el ciclo de la criminalidad
En su exposición de motivos, la legisladora subrayó que la ignorancia y la falta de oportunidades son factores de riesgo que alimentan la reincidencia delictiva. Por ello, calificó la educación en los centros de readaptación social como la «inversión más efectiva para la seguridad pública a largo plazo».
La reforma plantea que la formación recibida en el encierro no sea un esfuerzo aislado, sino que tenga un seguimiento obligatorio una vez que la persona obtenga su libertad anticipada o definitiva, evitando que el proceso de enseñanza e inclusión laboral se interrumpa por el cambio de situación jurídica.
Enfoque de género y capacitación avanzada
Un punto medular de la iniciativa es la atención a la población femenina en reclusión. Gómez Pozos señaló que, históricamente, la oferta educativa y laboral en los penales femeniles se ha limitado a roles de género tradicionales.
Con la modificación al artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se pretende obligar a las autoridades a proporcionar:
- Capacitación laboral avanzada: Herramientas reales para competir en el mercado actual.
- Educación superior: Acceso a carreras profesionales que permitan una vida digna tras la liberación.
- Habilidades técnicas: Conocimientos específicos para una inserción efectiva en el sector productivo.
Trámite Legislativo
La iniciativa ha sido turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Educación de la LXVI Legislatura para su análisis y dictaminación. De ser aprobada, el Estado mexicano daría un paso decisivo hacia un sistema de reinserción social basado en la «Soberanía y Justicia Social», lema que rige el actual periodo legislativo.
