Propone PRI que el Gobierno Federal cubra afectaciones por desastres naturales tras desaparición del FONDEN
Por Lolis Moreno
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla exigió al Gobierno Federal asumir la responsabilidad total en la atención de emergencias por desastres naturales, luego de la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), eliminada en 2021 por mayoría de Morena en el Congreso de la Unión.
En su conferencia semanal, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, el senador Néstor Camarillo Medina, advirtió que la ausencia de este mecanismo ha dejado a millones de mexicanos sin respaldo inmediato ante huracanes, sismos, inundaciones y otros fenómenos naturales.
“El FONDEN tenía un presupuesto anual de entre 15 mil y 20 mil millones de pesos para dar respuesta rápida y eficaz a la población afectada. Hoy, los gobiernos locales están solos frente a las emergencias. Los recursos ya no se distribuyen de forma técnica, sino discrecional”, reclamó el legislador.
Camarillo citó el caso de Guerrero como ejemplo de las consecuencias de esta decisión. “Los guerrerenses aún sufren por la falta de atención tras el paso del huracán Otis. La eliminación del FONDEN no ahorra, al contrario: cuesta más vidas, más tiempo y más dinero”, puntualizó.
El PRI propone que el Estado mexicano retome su papel como garante de protección civil y cubra íntegramente las afectaciones a la población tras cualquier desastre natural. Esta propuesta, señalaron, busca no solo atender emergencias, sino prevenir una mayor vulnerabilidad social y económica ante fenómenos cada vez más frecuentes por el cambio climático.
En la misma rueda de prensa, la diputada local y secretaria general del PRI estatal, Delfina Pozos Vergara, reiteró la postura del partido respecto a la llamada “Ley Censura”, al exigir la derogación del artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla, recientemente aprobado por el Congreso local y publicado en el Periódico Oficial.
Ambos líderes coincidieron en que los retrocesos institucionales impulsados por Morena están afectando gravemente los derechos de las y los ciudadanos, tanto en materia de libertad de expresión como en el acceso a una atención oportuna ante desastres naturales.