La Cámara de Diputados avanza en la extinción de siete organismos autónomos
Por Luis Moreno
La Cámara de Diputados aprobó la declaratoria de publicidad del proyecto de decreto que plantea la extinción de siete organismos autónomos en México, a través de reformas constitucionales que modifican artículos clave de la Constitución Política. La medida, que fue presentada y aprobada conforme a los procedimientos legales establecidos, afecta a entidades que desempeñan funciones clave en áreas como la transparencia, la competencia económica, las telecomunicaciones y la educación.
Los organismos que se proponen extinguir son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Las reformas, que también implican la modificación, derogación y adición de diversas disposiciones en los artículos 3°, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 de la Constitución, buscan reestructurar el funcionamiento de estos órganos y consolidar las facultades en otras dependencias del gobierno federal.
Objetivos de las reformas
El dictamen detalla que el ahorro generado por la extinción de estos organismos se destinará a un Fondo de Pensiones para el Bienestar. Además, se garantiza que los derechos laborales de los trabajadores de estos organismos serán respetados según la legislación vigente.
Las reformas también establecen que el Instituto Nacional Electoral (INE) asumirá la competencia en temas de acceso a la información pública y protección de datos personales de los partidos políticos. Por otro lado, la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) perderá su competencia, que será asumida por el INEGI, el cual también se encargará de medir la pobreza y evaluar programas de desarrollo social.
Cambios en telecomunicaciones y competencia económica
Un cambio destacado es la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), cuyas facultades pasarán al Ejecutivo Federal, a través de las dependencias encargadas de las políticas de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.
Además, la reforma incluye cambios significativos en el artículo 134 de la Constitución, que promueve una austeridad republicana con el objetivo de eliminar duplicidades en la estructura del gobierno y optimizar los recursos públicos. Se especifica que las dependencias del Ejecutivo deberán asumir las competencias de los organismos eliminados, y los congresos locales tendrán 90 días para armonizar sus marcos jurídicos.
Implicaciones políticas y sociales
La eliminación de estos organismos autónomos ha generado controversia, especialmente en el ámbito de la transparencia, la protección de datos personales y la competencia económica. La oposición ha señalado que la concentración de estas facultades en el Ejecutivo podría debilitar la autonomía de los órganos reguladores y las capacidades de fiscalización del Estado.
Con esta reforma, el gobierno federal busca avanzar en su agenda de reestructuración y eficiencia en el uso de los recursos públicos, mientras se garantiza la transparencia y se promueve una modernización de las instituciones públicas del país. Sin embargo, el debate sobre la efectividad y los posibles impactos en la ciudadanía y las instituciones democráticas continúa siendo un tema central en el escenario político.
