Gobierno de Puebla solicita que Renato Romero sea integrado al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos
Por Luis Moreno
Tras sostener reuniones con familiares del activista Renato Romero, la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) considerar la adhesión del detenido al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, en el marco del respeto al debido proceso legal.
Así lo informó el titular de la dependencia, Samuel Aguilar Pala, quien explicó que dicho mecanismo opera a nivel federal, pero puede vincularse con gobiernos estatales para brindar medidas de protección a personas que, debido a su labor, enfrentan riesgos por la defensa de derechos fundamentales.
El funcionario subrayó que, dentro de las facultades de la Secretaría de Gobernación para mediar en conflictos políticos y sociales, se solicitará formalmente a la FGE que valore la aplicación de este instrumento. Entre sus propósitos, destaca el de garantizar la integridad física de las personas en situación de riesgo, así como fomentar la coordinación entre autoridades, víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
La petición ocurre un día después de que la Fiscalía estatal informara sobre la detención de Renato Romero —identificado en el boletín oficial como Renato N.—, por su presunta participación en los delitos de daño en propiedad ajena y despojo agravado, en hechos ocurridos el 28 de mayo de este año.
Según la FGE, ese día Romero y aproximadamente 30 personas se presentaron en un predio de San Miguel Xoxtla donde una empresa realizaba trabajos de instalación de tubería para agua potable. El grupo presuntamente lanzó piedras y otros objetos, provocando daños materiales considerables. Desde entonces, los denunciantes afirman que el terreno permanece ocupado, lo que habría fundamentado el cargo por despojo.
La detención fue realizada por agentes ministeriales en la colonia Granjas Puebla y, de acuerdo con el comunicado oficial, se ejecutó en estricto apego al marco legal y al respeto a los derechos humanos.
Organizaciones sociales y familiares del activista han señalado que la acción judicial podría estar vinculada a su labor de defensa del territorio y los recursos naturales, por lo que instan a las autoridades a garantizar su seguridad y un proceso justo.
La decisión de adherirlo al mecanismo federal ahora queda en manos de la Fiscalía y de las instancias competentes, en un contexto de creciente tensión entre organizaciones sociales y autoridades locales por la defensa del medio ambiente y la propiedad comunal.
