EU acusa a 26 líderes del Cártel de Sinaloa por narcotráfico y lavado de dinero; 15 ya fueron detenidos
Por Luis Moreno
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció la acusación formal contra 26 líderes y operadores de alto perfil del Cártel de Sinaloa, señalados por tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y lavado de dinero hacia territorio estadounidense.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Bondi aseguró que estas sanciones representan “un duro golpe” para la organización criminal, a la que calificó como una estructura que financia el terrorismo contra la población estadounidense.
“El Cártel de Sinaloa se vale del narcotráfico para financiar su terrorismo contra el pueblo estadounidense, mientras siembra veneno en nuestras comunidades. La acusación de hoy representa un duro golpe a la infraestructura de esta organización terrorista, mientras cumplimos con la misión del presidente Trump de desmantelar y destruir los cárteles”, escribió.
Como parte de la estrategia de seguridad denominada “Recuperemos América”, implementada por la Administración para el Control de Drogas (DEA), las autoridades confirmaron el arresto de 15 de los 26 acusados en diferentes operativos realizados durante la última semana en varias ciudades del país.
El fiscal federal del distrito sur de Illinois calificó al Cártel de Sinaloa como una “organización criminal despiadada” y reiteró el compromiso de su oficina para frenar sus operaciones en territorio estadounidense.
Los acusados
Entre los detenidos se encuentran: Próspero Coronel-Sánchez “Pro”, José Luis Angulo-Soto “El Mi Niño”, Ángel Alemán Alatorre-Monge, Leobardo Alcaraz-Ibarra, Miguel Ángel Aramburo Jr., Manuel Buenrostro, Óscar Bryan Castro, Carlos Díaz Jr., Alejandro Flores, Armando Gallardo, Karen L. Gandarillas-Carreño, Roberto J. González Jr. y Sabrina Danielle Herrera.
La lista de imputados se completa con Mauro Armando Luna-Rentería, Lucía Viridiana Montano, David Alonso Pereda, Memo Pérez “Demecia Pérez”, Jaqueline Desiree Piikkila-Vigueras, Miguel Ríos, Richard Ruiz Jr., Evan Sánchez, Julio Villa Morales, José Espino Zavala, Martín Ismael Zúñiga-López, Conde Frank y Michael Pennel.
El caso está bajo responsabilidad de los fiscales federales Karelia Rajagopal, Laura Reppert y Thomas Leggans, y cuenta con el respaldo de agencias como el Servicio de Impuestos Internos (IRS), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio Postal de Estados Unidos.
Con estas acciones, el gobierno estadounidense busca reforzar su ofensiva contra el narcotráfico trasnacional, al que responsabiliza de la actual crisis por sobredosis de opioides en el país.
