Estados Unidos sanciona a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado ligado al narcotráfico; una pertenece a Alfonso Romo
Por Luis Moreno
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su unidad de inteligencia financiera (FinCEN), impuso sanciones a tres instituciones financieras mexicanas, entre ellas Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, empresario regiomontano y exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Junto con Vector, también fueron señaladas CIBanco e Intercam Banco, por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, en colaboración con diversos cárteles mexicanos, incluidos el Cártel de Sinaloa, el CJNG y el del Golfo.
Estas acciones representan las primeras medidas tomadas por el gobierno estadounidense en el marco de la Ley FEND Off Fentanyl y la Fentanyl Sanctions Act, legislaciones recientemente fortalecidas para frenar el flujo financiero de organizaciones criminales trasnacionales. Las órdenes prohíben cualquier tipo de transferencia de fondos hacia o desde estas entidades dentro del sistema financiero de Estados Unidos.
De acuerdo con el comunicado de FinCEN, las tres instituciones jugaron un papel “vital” en el lavado de millones de dólares, al facilitar pagos a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para la producción de fentanilo. En el caso específico de Vector, se le señala por permitir, entre 2013 y 2023, operaciones que suman más de un millón de dólares con ese fin, además de fallas graves en sus mecanismos de control y prevención de lavado de dinero.
El caso ha llamado la atención particularmente porque Alfonso Romo fue uno de los principales aliados del presidente López Obrador durante su campaña y primeros años de gobierno. Aunque se separó formalmente de su cargo en 2020, siguió ejerciendo influencia en el ámbito económico.
En respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó que, si bien fue notificada por el Tesoro estadounidense, no ha recibido pruebas contundentes que confirmen los presuntos vínculos delictivos. Añadió que sí se detectaron irregularidades administrativas en las instituciones, pero que estas ya fueron sancionadas con más de 134 millones de pesos en multas. No obstante, reiteró que si en el futuro se presentan pruebas sólidas, se actuará conforme a la ley.
La SHCP subrayó que el gobierno mexicano mantiene un diálogo respetuoso y de cooperación con Estados Unidos, pero que cualquier acción se tomará con base en evidencias verificables, “sin subordinación y respetando la soberanía nacional”.
