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El Senado alista reforma para fortalecer a la UIF y combatir lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y redes criminales

Por Luis Moreno

El Senado de la República se prepara para aprobar una ambiciosa reforma que otorgará nuevas y amplias facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el objetivo de reforzar la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y las redes del narcotráfico.

La propuesta, impulsada por el senador morenista Javier Corral, contempla modificaciones sustanciales a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como al Código Penal Federal, y busca cumplir con las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Uno de los cambios más relevantes es que partidos políticos y sindicatos estarán obligados a reportar a la UIF cualquier operación sospechosa de lavado de dinero, una medida que fue rechazada en 2011 durante la creación de esta legislación en el sexenio de Felipe Calderón.

UIF como víctima y mayor colaboración con la FGR

La reforma reconoce por primera vez a la UIF como víctima en los delitos de lavado de dinero cuando se utilizan servicios del sistema financiero. Esto permitirá su participación activa en las investigaciones y procesos penales.

Además, se establece la obligación para la Fiscalía General de la República (FGR) de notificar a la UIF cada vez que detecte un posible delito de esta índole, con el fin de fortalecer las denuncias, facilitar la recuperación de activos y desarticular redes delictivas.

También se elimina el requisito de demostrar dolo específico para sancionar a quienes presenten información falsa, alterada o ilegible en los avisos obligatorios sobre actividades vulnerables.

Nuevos sujetos obligados y mayor control empresarial

La reforma amplía la lista de sujetos obligados a cumplir con medidas antilavado, incluyendo a:

  • Casinos
  • Agentes inmobiliarios
  • Comerciantes de metales y piedras preciosas
  • Administradores de activos
  • Operadores de estructuras jurídicas
  • Empresas mercantiles

Estas últimas deberán identificar a las personas que tienen control efectivo sobre sus operaciones y notificar cualquier cambio en la propiedad o tenencia.

Participación de órganos del Estado y nuevas obligaciones para el INE, Pemex y sindicatos

El dictamen incorpora una adición al artículo 51 de la ley, mediante la cual las dependencias y entidades de todos los niveles de gobierno, así como organismos autónomos y empresas públicas, deberán proporcionar información requerida por la SHCP.

  • El INE será responsable de entregar datos financieros de partidos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas independientes y agrupaciones políticas.
  • Las Secretarías del Trabajo, tanto federal como estatales, deberán proporcionar información sobre sindicatos y sus dirigentes.
  • Pemex, por su parte, estará obligado a colaborar dentro del marco de sus atribuciones.

Definición y monitoreo de Personas Políticamente Expuestas (PEP)

Otro eje central de la reforma es la incorporación legal de la figura de Persona Políticamente Expuesta (PEP), obligando a las instituciones financieras a identificar, monitorear y reportar las operaciones que realicen estos clientes, tanto nacionales como extranjeros.

La Secretaría de Hacienda será responsable de elaborar y mantener actualizado un listado oficial de personas PEP, con apoyo de los tres poderes, organismos autónomos, fiscalías, gobiernos locales y empresas productivas del Estado.

En caso de que una institución financiera no pueda confirmar si un cliente es una PEP, podrá consultar directamente a la Secretaría de Hacienda para su verificación.

Único parlamento abierto de Morena

De las 19 reformas promovidas hasta ahora por Morena en este periodo legislativo, esta es la única que fue discutida en un ejercicio de parlamento abierto, realizado en enero de 2025. El senador Corral afirmó que se buscará aprobar el dictamen tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno antes de que concluya el actual periodo de sesiones a finales de abril.

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