Diputados aprueban reforma contra el abuso sexual: «Silencio no es consentimiento»
Por Luis Moreno
En una decisión histórica y unánime, la Cámara de Diputados de México aprobó reformar el Código Penal Federal para garantizar que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de una víctima de abuso sexual nunca más sean interpretados como consentimiento.
Con 431 votos a favor, el pleno dio luz verde a las modificaciones de los artículos 260 y 266 bis, una iniciativa impulsada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum. La reforma busca cerrar lagunas legales que permitían la impunidad en casos donde la voluntad de la persona es anulada por intimidación, engaño, abuso de autoridad o vulnerabilidad.
Nueva definición y alcance del delito
La ley ahora define de forma más clara el abuso sexual como cualquier acto de naturaleza sexual realizado sin consentimiento y sin el propósito de copulación, ya sea en el ámbito público o privado. Esto incluye:
- Tocamientos, caricias y roces corporales.
- Exhibiciones o representaciones sexuales explícitas.
- Obligar a la víctima a observar actos sexuales o ejecutarlos sobre sí misma.
Reducción de penas genera fricciones
A pesar de la aprobación unánime, la reforma no estuvo exenta de polémica. El nuevo marco legal fija penas de tres a siete años de prisión, lo que representa una disminución frente al máximo anterior de diez años.
Diputados de oposición y algunos aliados del Gobierno criticaron esta reducción, calificándola como un retroceso en la punibilidad. No obstante, el dictamen defiende que la reforma busca una «mayor proporcionalidad» y añade la obligatoriedad de que los sentenciados asistan a talleres reeducativos con perspectiva de género y realicen servicio social, apostando por un cambio cultural y la no repetición.
Agravantes y protección a vulnerables
Para compensar el rigor de la ley, se fortalecieron las agravantes. Las penas aumentarán en una tercera parte cuando el delito se cometa:
- Bajo violencia física o psicológica.
- Por servidores públicos, ministros de culto o profesionales aprovechando su cargo (quienes además serán destituidos e inhabilitados).
- Cuando exista relación de confianza, parentesco, laboral o docente.
- Contra personas embarazadas, en estado de indefensión o por su identidad de género.
Un problema de impunidad
La urgencia de esta reforma se respalda en cifras del Inegi: aunque una de cada cinco mexicanas ha sufrido violencia en espacios públicos, el 92% de los casos no se denuncian.
La reforma, que ahora se persigue de oficio, ha sido enviada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
