Colombia: Lidera lista de asesinatos a defensores de la tierra y medioambiente en 2023, según informe de Global Witness

Por Luis Moreno

Colombia encabeza una alarmante lista de asesinatos de defensores de tierras y medioambiente en 2023, con un total de 79 crímenes documentados, según el último informe de la organización internacional Global Witness (GW). Este número, el más alto registrado en un solo país desde que GW comenzó a realizar este seguimiento en 2012, subraya la creciente violencia contra quienes defienden los derechos territoriales y el medioambiente en la región, especialmente en zonas marcadas por el conflicto armado y la expansión de actividades extractivas.

El informe señala que América Latina sigue siendo la región más peligrosa para los defensores ambientales, con el 85% de los 196 asesinatos registrados a nivel mundial ocurriendo en países como Colombia, Brasil, Honduras y México. En este contexto, Colombia no solo rompió récords históricos, sino que también se convirtió en la nación con más defensores asesinados desde 2012, con un total acumulado de 461 muertes en ese periodo.

El caso de Phanor Guazaquillo

Uno de los casos más impactantes de 2023 fue el asesinato del líder indígena Phanor Guazaquillo, una autoridad en temas ambientales y restitución de tierras en el departamento de Putumayo. El 3 de diciembre, Guazaquillo fue asesinado por un sicario tras asistir al funeral de otro líder indígena en Puerto Asís. A pesar de haber alertado sobre las amenazas en su contra, nunca recibió un esquema de protección por parte del Estado, situación que es común entre los líderes sociales de Colombia.

Guazaquillo, exgobernador del cabildo nasa Kwesx Kiwe Chorrolargo y exconcejal de Puerto Asís, también fue una voz visible durante el estallido social de 2021 y formó parte de la Instancia Especial de Alto Nivel que hacía seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Su asesinato, como muchos otros, evidencia la vulnerabilidad en la que viven estos líderes.

La impunidad y la falta de protección estatal

Astrid Torres, directora del programa Somos Defensores, cuya información fue utilizada por Global Witness para el informe, señala que uno de los principales factores que perpetúan esta violencia es la falta de coordinación y efectividad en las acciones del Estado para proteger a los defensores. Aunque existen más de 30 normativas para salvaguardar sus vidas, la realidad es que en la mayoría de los casos, como el de Guazaquillo, estas no se implementan adecuadamente. Además, se estima que el 90% de los casos de asesinatos de defensores en Colombia permanecen en la impunidad.

Conflictos socioambientales y la reconfiguración del conflicto armado

El informe destaca que muchos de los asesinatos se producen en regiones donde persisten conflictos socioambientales y la presencia de grupos armados ilegales. La profundización del modelo extractivo en Colombia, con más de 170 conflictos relacionados con el uso de la tierra y los recursos naturales, ha exacerbado la violencia contra aquellos que se oponen a proyectos mineros, deforestación y otros emprendimientos que afectan sus territorios.

De los 79 asesinados en Colombia en 2023, 31 eran indígenas, 17 pequeños campesinos y cinco afrodescendientes, lo que resalta cómo las comunidades étnicas y rurales son las más afectadas. Cauca, Nariño y Putumayo son los departamentos con más muertes, territorios donde la violencia ha aumentado en los últimos años debido a la disputa por el control de la tierra.

El contexto latinoamericano: Honduras y México

Colombia no está sola en esta crisis. Brasil ocupa el segundo lugar en la lista con 25 asesinatos, mientras que Honduras y México comparten la tercera posición con 18 crímenes. En México, el 70% de las víctimas fueron indígenas que se oponían a proyectos mineros, lo que pone en evidencia el rol que juegan las industrias extractivas en estos conflictos. Además, el informe subraya una tendencia preocupante: en México, muchos de los defensores no solo son asesinados, sino que también desaparecen. Entre 2006 y 2023, 93 defensores de tierras y medioambiente han desaparecido, y en un 40% de los casos no se ha encontrado su paradero.

Un llamado urgente ante la COP16 y el Acuerdo de Escazú

Con la próxima Cumbre de Biodiversidad (COP16) a celebrarse en Cali en noviembre de 2024, y la reciente ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de Colombia, se espera que el tema de la violencia contra los defensores ambientales gane relevancia en la agenda política. Este acuerdo, adoptado por varios países de América Latina y el Caribe, busca mejorar la protección de los defensores de la tierra y el medioambiente y garantizar su acceso a la justicia. Sin embargo, hasta ahora, la implementación de medidas efectivas sigue siendo limitada.

La situación de los defensores de la tierra y el medioambiente en Colombia es crítica, y su protección es una tarea pendiente que debe ser priorizada por el gobierno y las instituciones internacionales. La presión internacional y los próximos foros podrían ser clave para revertir esta tendencia mortal.

Para más detalles y un análisis completo del informe de Global Witness, puede consultarse el documento en Voces silenciadas. La violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente.