Cámara de Diputados aprueba reforma en adquisiciones y servicios del sector público
Por Luis Moreno
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, además de reformar las leyes de Austeridad Republicana, de Economía Social y Solidaria, y la General de Sociedades Cooperativas. Con 329 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención, la iniciativa fue enviada al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
La iniciativa, propuesta por la presidenta de la República, busca optimizar la transparencia y eficiencia en las compras gubernamentales, promoviendo un uso más eficiente de los recursos públicos. Entre las modificaciones aceptadas, se encuentra el ajuste en la definición de «precio no conveniente», la ampliación del plazo para la firma de contratos de 15 días naturales a 15 días hábiles y la eliminación del requisito de invitación a tres personas para ciertos contratos.
Durante la discusión, la diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) señaló que las modificaciones buscan evitar malas prácticas en licitaciones y fomentar la competitividad. Por su parte, opositores como los diputados Federico Döring Casar (PAN) y Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN) criticaron la reforma, argumentando que otorga mayor discrecionalidad a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que podría derivar en irregularidades.
El dictamen también incorpora la creación de una Plataforma Digital de Contrataciones Públicas y una Tienda Digital del Gobierno Federal, con el objetivo de mejorar la supervisión y rendición de cuentas. Además, establece un Comité de Obras y Compras Estratégicas para vigilar adquisiciones de gran impacto y garantizar condiciones favorables en compras gubernamentales.
Finalmente, la reforma prevé mecanismos para beneficiar a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a comunidades indígenas y afromexicanas. En caso de ser aprobada por el Senado, esta nueva legislación podría representar un cambio significativo en la regulación de adquisiciones y servicios del sector público en México.
