Avanza en Comisión la creación del Consejo de Paz en Puebla: busca representación amplia de sectores sociales
Por Patricia Moreno Sánchez
La Comisión de Gobernación del Cabildo de Puebla aprobó por mayoría la creación del Consejo de Paz, un organismo que tendrá como objetivo fortalecer estrategias de seguridad y convivencia pacífica en el municipio, alineado con el plan nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El regidor Gabriel Biestro explicó que el consejo estará integrado por al menos un representante de cada sector social, como migrantes, comunidad universitaria, colectivos ciudadanos, entre otros. La intención, dijo, es garantizar una participación plural y representativa.
Durante la sesión, los regidores Guadalupe Arrubarrena, Carlos Montiel y Leobardo Rodríguez propusieron limitar a un representante por sector. No obstante, Biestro argumentó que esa medida restringiría innecesariamente las facultades de la futura mesa directiva, que será la encargada de emitir la convocatoria y definir los criterios de integración.
“La idea es que el consejo sea lo menos excluyente posible. Será la mesa directiva quien, una vez instalada, evalúe si es conveniente tener uno o más representantes por sector”, explicó el regidor morenista.
También reconoció que se tomarán en cuenta las observaciones respecto a mantener una estructura funcional y no excesivamente amplia. “Lo revisaremos en conjunto con los regidores que han participado activamente en este tema y se analizará a fondo en la sesión de Cabildo”, agregó.
La creación del Consejo de Paz forma parte de una estrategia nacional que busca articular esfuerzos locales para combatir la violencia con un enfoque preventivo y de participación ciudadana. El próximo miércoles, el proyecto será presentado formalmente ante el Cabildo para su votación final.
Además, Biestro señaló que se incorporaron al documento final varias observaciones hechas por regidores en sesiones previas, fortaleciendo así el marco normativo del nuevo órgano.
Con esta acción, Puebla se suma a los más de 2 mil 500 municipios del país que deben adaptar este modelo federal a sus propias realidades, buscando construir comunidades más seguras desde una visión inclusiva y colaborativa.
