Aprobada en el Senado la Reforma a la Ley de Amparo
En una sesión marcada por intensos debates, el Senado de la República aprobó con 69 votos a favor y 42 en contra, una polémica reforma a la Ley de Amparo que elimina la posibilidad de que se suspendan las leyes impugnadas a través del juicio de amparo. Dicha reforma fue respaldada por la mayoría formada por los partidos Morena, PT y Verde.
El autor de la iniciativa, el senador Ricardo Monreal, defendió el cambio legislativo desde la tribuna, calificando las críticas de la oposición como «barbaridades» y acusaciones alejadas de la realidad. Monreal argumentó que la reforma busca «evitar el abuso de la dictadura de la toga», refiriéndose a lo que considera una excesiva discrecionalidad de los jueces en estos casos, lo cual a su juicio vulnera el principio de legalidad.
Por otro lado, la oposición, encabezada por el PAN, expresó un fuerte rechazo a la medida. El coordinador panista, Julen Rementería, acusó a la mayoría de actuar de manera irresponsable y de seguir instrucciones directas del Ejecutivo. Rementería enfatizó la necesidad de un análisis más detallado y acusó a la mayoría de querer impedir cualquier freno a las decisiones gubernamentales a través del amparo.
En su intervención, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la comisión de Justicia y ministra en retiro, aseguró que la reforma no afecta los derechos fundamentales ni representa una regresión en la promoción de derechos, manteniendo intacta la institución del juicio de amparo.
El debate también contó con la participación de representantes de la sociedad civil, como el colectivo Sélvame del Tren, quienes expresaron su preocupación por los efectos de la reforma en la protección ambiental, particularmente en casos como los amparos presentados contra la construcción del Tren Maya.
Finalmente, senadores de la oposición, como Claudia Ruiz Massieu y Claudia Anaya, advirtieron que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar una acción de inconstitucionalidad contra la reforma, alegando que limita severamente la protección de los derechos individuales frente a actos de autoridad.
Con esta reforma, se abre un nuevo capítulo en la historia del juicio de amparo en México, una herramienta que ha jugado un papel crucial en la protección de los derechos individuales y que, según sus críticos, ahora podría quedar considerablemente debilitada.