AMLO desestima huelga del Poder Judicial en medio de controversia por reforma constitucional
Por Luis Moreno
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, minimizó este miércoles el aviso de huelga anunciado por los trabajadores del Poder Judicial en respuesta a su polémica reforma que busca transformar el sistema de justicia del país. La reforma, que incluye la elección de jueces y ministros de la Suprema Corte por voto popular, ha generado tensiones con la judicatura.
Durante su conferencia matutina, López Obrador aseguró que los jueces, magistrados y ministros están en su derecho de realizar la huelga programada para el 19 de agosto, aunque señaló que algunos opinan que esta acción podría no ser legal. “Somos libres”, declaró el mandatario, restando importancia a las posibles consecuencias del paro.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha expresado su oposición a la reforma, argumentando que la elección popular de jueces podría poner en riesgo la independencia judicial y abrir la puerta a presiones por parte de grupos de poder, incluso ilegales.
López Obrador, sin embargo, insistió en que su reforma tiene como objetivo erradicar la corrupción en la cúpula del Poder Judicial, la cual, según él, está al servicio de minorías y grupos de intereses creados. “No es en contra de los trabajadores, es acabar con los privilegios de los de arriba”, afirmó.
El mandatario también ironizó sobre la huelga, sugiriendo que esta podría poner fin a los “sabadazos”, liberaciones polémicas de presuntos criminales que ocurren los sábados, como la reciente excarcelación del exgobernador de Puebla, Mario Marín. Además, pidió a los jueces resolver antes del paro dos expedientes pendientes relacionados con adeudos fiscales por un monto de 35,000 millones de pesos.
Por su parte, Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la JUFED, destacó la creación de una “coalición para la defensa de la independencia judicial” como respuesta a la posible aprobación de la reforma, que Morena, el partido oficialista, podría impulsar en el Congreso a partir del 1 de septiembre. Fuentes Velázquez subrayó que la huelga, como medida extrema, tiene como objetivo que la reforma sea producto de un amplio consenso entre las mayorías legislativas y otros actores sociales.
La presidenta de la JUFED advirtió que, aunque la propuesta de elección popular puede parecer democrática, podría comprometer la independencia judicial y la estabilidad constitucional, afectando especialmente a los derechos humanos de los sectores más vulnerables. Con este contexto, instó al Gobierno a considerar las voces preocupadas por esta reforma para lograr un cambio estructural que realmente beneficie a la justicia en el país.
Fuentes Velázquez concluyó señalando que los más de 50,000 integrantes de la judicatura apoyarían las mejores propuestas de enmienda a la Constitución y a las leyes, siempre y cuando se atiendan sus legítimas preocupaciones.