Álvaro Uribe, primer expresidente condenado en Colombia: 12 años de prisión domiciliaria por fraude y soborno
Por Luis Moreno
En un hecho histórico para la política colombiana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado este viernes a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La jueza 44 con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, ordenó que la pena se cumpla bajo modalidad de detención domiciliaria.
Además de la pena privativa de la libertad, la sentencia incluye una multa equivalente a 820 mil dólares y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante 8 años y 9 meses. La decisión convierte a Uribe, de 73 años, en el primer exmandatario colombiano condenado por delitos penales.
La jueza concluyó que “quedó suficientemente acreditada” la responsabilidad de Uribe en un caso de manipulación de testigos, al intentar, a través de intermediarios, que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve modificara su testimonio y acusara al senador Iván Cepeda de inventar nexos del expresidente con grupos paramilitares. Si bien fue absuelto del cargo de soborno, se le halló culpable de haber intentado desviar el curso de la justicia.
El proceso contra Uribe se remonta a 2012, cuando denunció a Cepeda por un supuesto complot en su contra. Sin embargo, la Corte Suprema determinó en 2018 que el senador actuó dentro de sus funciones y que, por el contrario, Uribe habría presionado a testigos.
Polarización y contexto político
La sentencia llega en un momento políticamente sensible, en la antesala de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. El uribismo se prepara para competir con sus aliados mientras la figura de su líder queda golpeada legal y políticamente.
La defensa del expresidente anunció que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá, en un intento por revertir la sentencia antes del 8 de octubre, fecha en la que el caso podría prescribir. De ratificarse el fallo, Uribe aún podría recurrir a la Corte Suprema a través de un recurso de casación.
La decisión judicial ha profundizado la polarización en Colombia. Mientras sectores de la izquierda y organizaciones de derechos humanos celebran el fallo como un acto de justicia, los seguidores del exmandatario denuncian una persecución política. El actual presidente Gustavo Petro pidió respeto por la independencia judicial, luego de que figuras conservadoras como el senador Marco Rubio, en EE. UU., criticaran la sentencia.
Legado polémico
Álvaro Uribe gobernó Colombia entre 2002 y 2010, promoviendo una política de seguridad que debilitó militarmente a la guerrilla de las FARC, pero que también fue señalada por violaciones a derechos humanos. Durante su mandato, negoció la desmovilización de los grupos paramilitares, responsables —según la Comisión de la Verdad— de más del 45% de los homicidios en el conflicto armado.
Uribe permaneció en detención domiciliaria durante dos meses en 2020, y renunció a su curul en el Senado para trasladar su caso a la Fiscalía General, en medio de cuestionamientos sobre la imparcialidad de la Corte Suprema.
Con este fallo, Uribe se une a la lista de expresidentes latinoamericanos condenados por delitos durante o después de su mandato, como Fujimori, Lula da Silva, Cristina Fernández y Rafael Correa. Su proceso es un punto de inflexión para la democracia colombiana, marcando un precedente en la rendición de cuentas del poder político.
