Diputados aprueban en lo general el «Plan B» electoral
Limitan presupuestos locales y salarios de consejeros
Por Luis Moreno
Con una mayoría calificada de 377 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reforma constitucional en materia electoral, conocido como «Plan B». La iniciativa, impulsada por la Presidencia de la República, establece un nuevo paradigma de austeridad republicana, paridad de género y control del gasto público en los tres niveles de gobierno.
Tope al gasto legislativo y municipal
La reforma modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, fijando límites estrictos al presupuesto de las legislaturas locales. A partir de su implementación, el presupuesto anual de los Congresos estatales no podrá exceder el 0.70% del presupuesto total de egresos de la entidad federativa correspondiente.
En el ámbito municipal, se determinó que los ayuntamientos estarán integrados por una presidencia municipal, una sindicatura y un máximo de 15 regidurías. Estas integraciones deberán cumplir rigurosamente con los principios de paridad de género vertical y horizontal.
Fin de privilegios y ahorros para infraestructura
Uno de los puntos centrales del dictamen es la regulación de las remuneraciones en el sistema electoral. Las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), magistrados de tribunales locales y titulares de áreas ejecutivas no podrán percibir salarios superiores al del Presidente de la República, conforme al artículo 127 constitucional.
Asimismo, queda estrictamente prohibida la contratación con recursos públicos de:
- Seguros de gastos médicos mayores.
- Seguros de vida o pensiones privadas.
- Cajas de ahorro especiales y regímenes de retiro fuera de la ley.
La reforma estipula que los ahorros generados por estas medidas de austeridad en los estados y municipios no podrán ser reasignados arbitrariamente, sino que deberán destinarse exclusivamente a obras de infraestructura pública en beneficio de la población.
Implementación progresiva
El régimen transitorio otorga un plazo hasta el 30 de mayo de 2026 para que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales armonicen su marco jurídico. En el caso del Senado de la República, se prevé un ajuste presupuestario progresivo que busca alcanzar una reducción del 15% en términos reales en un periodo de cuatro años, sin afectar los derechos laborales de los trabajadores.
Tras la aprobación en lo general, el pleno de la Cámara de Diputados procedió a la discusión en lo particular de los artículos reservados para finalizar el proceso legislativo.
