«México no debe ser referente internacional en desapariciones»: Kenia López Rabadán respalda llamado de la ONU
Por Luis Moreno
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado urgente al Gobierno Federal para reconocer y atender la crisis de desaparición forzada en el país, tras calificar como una «oportunidad» la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la materia.
En conferencia de prensa desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada se pronunció respecto a la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) para que la Asamblea General de la ONU aborde la situación de México con carácter de urgente. López Rabadán subrayó que esta crisis no puede ser «ignorada, minimizada ni descalificada», en clara alusión a la postura reciente del Ejecutivo Federal.
Una crisis de dimensiones críticas
La legisladora presentó cifras que reflejan la profundidad del problema en territorio nacional:
- Más de 132 mil personas desaparecidas.
- 72 mil restos humanos sin identificar.
- Localización de más de 4,500 fosas clandestinas.
«Lo más delicado es que la ONU ha advertido indicios fundados de que en México se cometen desapariciones como crímenes de lesa humanidad, al realizarse de forma generalizada o sistemática contra la población civil», lamentó la presidenta de la Cámara Baja.
El rol de las familias y la deuda del Estado
López Rabadán reconoció que, ante la insuficiencia de las instituciones, han sido las familias y las madres buscadoras quienes han asumido las tareas de localización que corresponden al Estado. En ese sentido, insistió en que la cooperación técnica y el apoyo financiero internacional son mecanismos necesarios para fortalecer las capacidades forenses y erradicar la impunidad.
«Hay una alta responsabilidad por cumplir: investigar con eficacia, sancionar a los responsables y atender con dignidad a las víctimas. México necesita verdad, justicia y respuestas», concluyó, enfatizando que los mecanismos internacionales existen precisamente para evaluar y corregir fallas estructurales en derechos humanos.
