ONU advierte posibles «crímenes de lesa humanidad» por desapariciones en México; Gobierno rechaza informe
El Comité contra la Desaparición Forzada solicitó a António Guterres llevar el caso ante la Asamblea General para intervenir en una crisis que suma más de 72 mil restos sin identificar.
Por Luis Moreno
En una resolución histórica, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó formalmente este jueves al secretario general, António Guterres, elevar a la Asamblea General el caso de México. El organismo advirtió que existen “indicios fundados” de que las desapariciones en el país podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad.
El comité denunció la existencia de «ataques generalizados o sistemáticos» contra la población civil y subrayó la gravedad de la situación mediante cifras alarmantes: se han localizado más de 4,500 fosas clandestinas con 6,200 cuerpos, además de 72,000 restos humanos que permanecen sin identificar en el país.
El argumento de la ONU: Un sistema desbordado
Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, aclaró que para tipificar estos delitos como de lesa humanidad no es estrictamente necesario que sean orquestados desde las esferas más altas del Gobierno, sino que basta con observar la magnitud y el patrón de los ataques.
Aunque el organismo reconoció los esfuerzos de la administración mexicana, sentenció que las autoridades siguen “desbordadas por la magnitud de la crisis”. Por ello, instó a la Asamblea General a considerar medidas de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para fortalecer las operaciones de búsqueda y el análisis forense.
Gobierno de México tilda el informe de «sesgado»
La respuesta del Ejecutivo Federal no se hizo esperar. A través de un comunicado, el Gobierno de México calificó la decisión de la ONU como “tendenciosa, parcial y sesgada”, argumentando que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017 (durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto).
El Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el comité omitió los avances institucionales presentados recientemente, como:
- El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
- La obligatoriedad de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición.
- Reformas aprobadas en julio de 2025 que robustecen a la Comisión Nacional de Búsqueda.
Por su parte, Enrique Ochoa, subsecretario para Asuntos Multilaterales de la SRE, calificó de “excesiva” la resolución, acusando al comité de exceder su mandato y carecer de rigor jurídico.
Colectivos y ONG: Un logro entre la impunidad
Organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) celebraron la petición de la ONU. Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH, recordó que la impunidad en México ronda el 98% y que, al ritmo actual, se necesitarían 120 años para procesar los casos acumulados.
Colectivos de familiares, como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, lamentaron la postura defensiva del Estado mexicano. Señalaron que, si bien el Gobierno dice no ordenar desapariciones, la deficiencia en las investigaciones constituye una forma de aquiescencia que perpetúa el flagelo.
