Retomar la propuesta de una Comisión Especial para atender feminicidios   

Por María Eugenia Mora

No imagino el inmenso dolor de una madre cuando una hija es víctima de feminicidio. Este delito que tuvo que catalogarse por el grado de crueldad y saña con que se comete en contra de una mujer, en el que la violencia y el abuso son las principales características.

Causa impotencia e indignación saber que una y otra vez, las familias de las víctimas tienen que recurrir a la exposición mediática para presionar a las autoridades a fin de que éstas realicen su trabajo.

Hay que decirlo claro -en algunos casos- los jueces toman decisiones incomprensibles y me atrevería a señalar faltas de toda ética. Aunque la ley es pareja y clara en el sentido de que toda persona tiene derecho a defenderse, también se presta a vicios o “chicanadas” legales con las que el sistema permite que los feminicidas queden libres o puedan estarlo.

El mensaje que envían las autoridades de la procuración e impartición de justicia es devastador, dolor que se agrava, cuando la autoridad encargada de procurar justicia, mantiene un perfil poco empático y hasta revictimizante para la familia que ha quedado desgarrada e indefensa; así lo demuestran las cifras, porque sólo un 17% de los feminicidios registrados en los últimos 10 años en Puebla resultaron en una sentencia, según datos de finales del 2025.  

Por lo anterior, es necesario recordar los casos más recientes que la familia ha denunciado públicamente, como el de Liliana Gabriela Sánchez Machorro y Shila Alejandra Martínez (2025): Encontradas sin vida en un vehículo con huellas de violencia en la carretera Tecamachalco-Quecholac, en el primer semestre de 2025, este caso aún no se resolvía.

–Elsa Leticia Martínez Ortiz (2026): Docente encontrada sin vida, uno de los casos mencionados dentro de un «marzo trágico» en 2026 en el estado.

–Yoana Lizet (2026): Hallada sin vida en Venustiano Carranza, marzo 2026.

-Argelia: Hallada sin vida tras asistir a la feria de San José Chiapa, marzo 2026.

-Caso de las tres mujeres en Ixtacamaxtitlán (2026): Madre y dos hijas asesinadas.

-Mujer en Chapulco (2024): Hallada sin vida en la colonia Los Fresnos con indicios de violencia sexual y un golpe en la cabeza.

–Mara Fernanda Castilla (2017): Aunque se dictó sentencia al conductor responsable, este caso es fundamental en la historia reciente de Puebla por las omisiones iniciales y la exigencia de justicia, marcando un antes y un después en la visibilización de los feminicidios en el estado. Es decir, 11 feminicidios sin detenidos en lo que va de 2026.

Por otra parte, habría que contrastar la lista del Observatorio de la IBERO Puebla que contabilizó 32 probables feminicidios, con las cifras oficiales que son más bajas, reflejando la disparidad en el reconocimiento y resolución de los casos.

COMISIÓN ESPECIAL PARA FEMINICIDIOS

En este contexto, habría que reconsiderar el punto de acuerdo presentado en diciembre de 2024, por el diputado Julio Huerta Gómez para exhortar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política a conformar esta Comisión Especial, enfocada específicamente en el seguimiento de feminicidios, refiriéndose al caso de María Alejandra Galeazzi, que tiene ocho años sin resolverse, y que hace unos días la familia nuevamente pidió ayuda al gobernador, Alejandro Armenta para vigilar la actuación del juez que lleva el caso, debido a la falta de justicia para la víctima.

En el documento se hace evidente parte de lo que una madre pasa al perder una hija que es víctima de violencia con su pareja:      

“El caso de Alejandra Galeazzi, una víctima de feminicidio cuyo sufrimiento y muerte fueron marcados por la brutalidad de su agresor, refleja una serie de anomalías que no solo ensombrecen la búsqueda de justicia, sino que agravan el dolor de su madre, quien padece una pérdida irreparable, marcada por la violencia y la impunidad. El actuar de las autoridades, tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla como del Poder Judicial, deja mucho que desear, pues a pesar de la orden de aprehensión librada en mayo de 2018, la detención del presunto feminicida sólo se concretó hasta casi cinco años después y lo que es aún más preocupante es que, tras su detención, las autoridades jurisdiccionales otorgaron al sospechoso un trato favorable, como lo demuestra su liberación a través de una medida cautelar que le permite estar en su casa bajo condiciones cuestionables”.

Ante los numerosos casos, ojalá que los diputados reconsideren esta propuesta. Me parece indispensable que el poder legislativo, presione al poder judicial, para cumplir con su obligación de responder a las familias que viven con el clamor permanente de obtener justicia para sus hijas.   

@marumora7