PRI advierte que reforma a la Ley de Aguas “criminaliza” a productores y concentra el control en el gobierno federal
Por Lolis Moreno
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Juan José Castro Justo, rechazó la propuesta de reforma en materia de aguas nacionales al asegurar que centraliza el control del recurso hídrico y “criminaliza” a quienes trabajan en el campo.
En conferencia de prensa, el dirigente priista señaló que la iniciativa no fue construida escuchando a agricultores, ganaderos, silvicultores ni a las mujeres y hombres del campo, quienes —dijo— serán los principales afectados. Acusó que, como en otros temas, el Gobierno federal impulsó la propuesta sin diálogo con los sectores productivos.
Castro Justo afirmó que la reforma busca colocar en manos de la administración federal la distribución del agua, las tarifas, la infraestructura y hasta el derecho para regar cultivos, lo que consideró un mecanismo de control político.
Explicó que, actualmente, las concesiones para uso del agua pueden heredarse o transmitirse como parte del patrimonio familiar. Sin embargo, la nueva normativa lo prohibiría, además de impedir su venta. También desaparecerían los módulos y asociaciones de riego, que serían reemplazados por consejos o comités designados desde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Agricultura.
Ante este escenario, el dirigente estatal del PRI informó que los legisladores federales de su partido han fijado una postura clara: no respaldarán una reforma que, a su juicio, perjudica a campesinos y productores, y que podría agravar el deterioro de la autosuficiencia alimentaria del país.
