Renuncia Vidulfo Rosales como abogado de los padres de los 43 de Ayotzinapa; alegan motivos personales y de salud
Por Luis Moreno
Vidulfo Rosales Sierra, abogado que durante casi 11 años representó legalmente a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, anunció su renuncia a esta labor y a su cargo en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, donde colaboró por 24 años.
En entrevista, Rosales explicó que su decisión responde a “cuestiones personales y de salud”, aunque reconoció que mantiene diálogo con el ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Morales, con quien aparece en una fotografía difundida esta semana junto a los próximos integrantes del máximo tribunal.
El abogado señaló que, si bien no existe un acuerdo formal para sumarse al equipo de Aguilar Morales, la relación de trabajo se ha dado en el marco de su trayectoria en defensa de pueblos indígenas. “Lo único cierto es mi retiro de la representación de los padres y de Tlachinollan”, dijo.
La noticia provocó tristeza entre las madres y padres de los normalistas, quienes –según Rosales– expresaron sentimientos de desilusión, aunque en su mayoría respetaron su decisión. “Fue un momento difícil porque éramos una voz importante en el movimiento y ellos se sienten descobijados”, expresó.
En una carta titulada “En otras trincheras de lucha”, Rosales agradeció al director de Tlachinollan, Abel Barrera, y a diversas organizaciones sociales por la colaboración a lo largo de más de dos décadas. “Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos. Desde otras trincheras seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad”, escribió.
Originario de Totomixtlahuaca, en la Montaña de Guerrero, Rosales ha acompañado casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos, entre ellos las denuncias de Inés Fernández y Valentina Rosas contra militares en 2002, la desaparición de dirigentes sociales como Raúl Lucas y Manuel Ponce en 2009, así como los asesinatos de normalistas en 2007 y 2011.
A lo largo de su trayectoria enfrentó amenazas de muerte, campañas de desprestigio y persecución política. En 2012 debió salir del país por seguridad y en 2016 fue objeto de filtraciones que buscaban desacreditarlo.
La renuncia ocurre a menos de un mes de que se cumplan 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes y en un contexto en el que el gobierno de Claudia Sheinbaum prepara un informe con nuevos avances de la investigación.
El futuro inmediato de Rosales podría estar ligado al máximo tribunal del país, aunque él insiste en que su prioridad será seguir en la defensa de los derechos humanos desde otros espacios.
