Reino Unido implementará castración química voluntaria para ofensores sexuales como parte de una reforma penitenciaria
Por Luis Moreno
El gobierno del Reino Unido anunció la puesta en marcha de un programa piloto de castración química voluntaria en 20 prisiones del país, como parte de una ambiciosa reforma del sistema penitenciario que busca reducir la reincidencia de delitos sexuales y aliviar la crisis de sobrepoblación carcelaria.
La medida, presentada por la ministra de Justicia, Shabana Mahmood, contempla la administración de medicamentos hormonales que disminuyen el deseo sexual en determinados ofensores, acompañados de terapia psicológica obligatoria. Esta decisión se enmarca en un contexto de saturación penitenciaria, donde el sistema carcelario de Inglaterra y Gales opera prácticamente al límite, con más de 89,000 internos.
“Nos enfrentamos al colapso de la ley y el orden en este país. Si nuestras prisiones colapsan, los tribunales se ven obligados a suspender juicios y los criminales quedan impunes”, advirtió Mahmood en su presentación ante el Parlamento.
Medida basada en experiencias internacionales
El uso de la castración química no es nuevo en Europa. Alemania y Dinamarca la han aplicado de forma voluntaria, mientras que en Polonia es obligatoria para ciertos delincuentes sexuales. La evidencia internacional sugiere una reducción de hasta el 60 % en la reincidencia, aunque los resultados varían según el perfil del infractor y el acompañamiento terapéutico.
La medida británica, sin embargo, ha generado un debate ético. Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido que, si bien el tratamiento es voluntario, podría ser percibido como una forma de coacción médica, sobre todo si se vincula con beneficios penitenciarios como la liberación anticipada.
Reforma integral del sistema de justicia
Además del programa de castración química, la reforma liderada por Mahmood contempla otras medidas como:
- Eliminar las condenas menores a 12 meses, salvo en casos excepcionales.
- Aumentar los fondos para libertad condicional en £700 millones anuales.
- Acelerar la deportación de extranjeros con condenas menores.
- Otorgar mayor autonomía a los jueces para aplicar sanciones alternativas.
Estas recomendaciones surgen de una revisión independiente liderada por el exsecretario de Justicia David Gauke, que subraya la necesidad de modernizar un sistema judicial “descuidado durante años por los gobiernos anteriores”.
¿Una opción viable para otros países?
La iniciativa británica ha suscitado interés y controversia internacional. En países como Colombia, donde el hacinamiento carcelario alcanza niveles críticos y la legislación no contempla medidas médicas para ofensores sexuales, aplicar una política similar implicaría profundos cambios legales, éticos y estructurales.
En ese país, la Ley 2081 de 2021 introdujo la cadena perpetua revisable para delitos sexuales contra menores, pero no incluye tratamientos hormonales. Además, la Corte Constitucional ha sido enfática en la defensa de la autonomía corporal y la dignidad humana como principios fundamentales.
Una política de justicia con rostro humano
La ministra Mahmood reiteró que la castración química no sustituye otras formas de rehabilitación social y que su implementación será estrictamente voluntaria, con acompañamiento clínico y revisión médica rigurosa. “No se trata de venganza, sino de prevenir futuras víctimas y restaurar el orden con humanidad”, concluyó.
La experiencia británica podría marcar un precedente en el manejo de delitos sexuales, siempre que se mantenga dentro del marco ético, legal y médico adecuado. En paralelo, expertos coinciden en que el verdadero reto global sigue siendo garantizar un sistema penal efectivo, preventivo y centrado en la rehabilitación, sin comprometer los derechos humanos.
