El ministro González Alcántara impulsa proyecto de inconstitucionalidad contra la reforma judicial de AMLO en la SCJN

Por Luis Moreno

En el marco de la organización de las elecciones del Poder Judicial previstas para 2025, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha presentado un proyecto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar parcialmente la reforma judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por el partido oficialista Morena. Este proyecto ha generado polémica y una posible crisis de poderes, pues invalida aspectos fundamentales de la reforma, argumentando que afectan la independencia judicial y la división de poderes.

González Alcántara respondió así a los amparos promovidos por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diversos legisladores de la oposición. La propuesta del ministro considera que la acción de inconstitucionalidad es “parcialmente procedente y fundada”, sugiriendo la invalidación de algunos puntos clave de la reforma judicial. Estos puntos incluyen la elección de jueces de distrito y magistrados de circuito mediante voto popular, así como la creación de comités de evaluación que seleccionen y examinen a los candidatos a los cargos judiciales.

Puntos Clave del Proyecto de González Alcántara

El ministro Alcántara Carrancá propuso rechazar varios elementos de la reforma por considerarlos anticonstitucionales y contrarios a los principios de la independencia judicial. En su argumentación, destacó que “no existe certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en una lista masiva y bajo un sistema que no ofrece, tampoco, garantías para que se emita un voto informado”. Según el proyecto, elegir a jueces y magistrados mediante voto popular podría poner en riesgo la preparación y capacidad de quienes ocuparán los cargos, vulnerando la imparcialidad en la impartición de justicia.

El proyecto también se opone a la creación de los comités de evaluación, encargados de seleccionar a los candidatos a jueces y magistrados, alegando que este sistema carece de transparencia y puede ser utilizado de manera partidista, ya que el comité sería designado unilateralmente por la Presidencia de la República, el Congreso y la SCJN, dejando poco margen a la independencia.

Además, González Alcántara cuestiona la limitación en el uso del amparo para casos colectivos —como los de impacto ambiental—, planteando que este derecho debe proteger a los ciudadanos contra posibles abusos y normas perjudiciales. “La reforma desconoce los derechos colectivos al restringir la posibilidad de suspender normas generales mediante amparos, afectando el derecho a la protección y al acceso a la justicia de los ciudadanos”, señaló.

Elementos que la Propuesta Mantiene Intactos

A pesar de la inconstitucionalidad parcial planteada, el proyecto de González Alcántara sí valida algunos aspectos de la reforma judicial, incluyendo el principio de elección directa y secreta de los ministros de la SCJN, así como de magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial, un nuevo órgano que tendrá la función de investigar y sancionar conductas inapropiadas de jueces sin interferir en sus resoluciones. La propuesta apunta que esta nueva figura fortalecería la transparencia y la responsabilidad dentro del Poder Judicial sin comprometer la independencia de sus fallos.

Respuesta del Gobierno y Morena: Tensión entre Poderes

La propuesta de González Alcántara ha causado tensiones con el oficialismo. La presidenta Claudia Sheinbaum, en respuesta al proyecto, acusó a la SCJN de extralimitar sus funciones. «La Corte no puede legislar; actuar en contra de la Constitución sería una provocación hacia el Poder Ejecutivo y una señal de hostilidad hacia el Gobierno», declaró. Sheinbaum también adelantó que esperará el resultado de la votación antes de tomar una postura definitiva, pero subrayó que “el proyecto de la SCJN desconoce la voluntad del pueblo”.

Asimismo, Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo y presidente del Senado, criticó el hecho de que la SCJN aceptara los amparos en contra de la reforma judicial, argumentando que el máximo tribunal del país no cuenta con atribuciones para declarar inconstitucionales las reformas constitucionales. Fernández Noroña también advirtió sobre una posible crisis política si la Corte decide invalidar estos puntos de la reforma, declarando que ello “podría desencadenar una grave ruptura entre los poderes de la Unión”.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que su bancada, la mayoría en el Congreso, no acataría la sentencia del máximo tribunal en caso de que esta prospere, anticipando una posible confrontación directa con la SCJN.

Renuncias en la SCJN y Elección Ciudadana

En medio de esta controversia, el magistrado Juan José Olvera anunció la renuncia de ocho ministros de la SCJN a partir de agosto de 2025, quienes dejarán sus cargos para permitir una elección ciudadana directa. Esta salida masiva busca, en palabras de Olvera, “dejar los espacios libres para que el pueblo decida”, en concordancia con la reforma que defiende Morena. Únicamente permanecerán en la Corte las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes se perfilan como posibles candidatas afines al oficialismo.

Este anuncio resalta la importancia de la reforma judicial, que busca reducir el número de ministros de la SCJN de once a seis y plantea un cambio en la forma de elección de jueces y magistrados a partir de 2025. La decisión de renunciar y facilitar esta reestructuración también se percibe como un movimiento para reducir las tensiones entre la SCJN y el oficialismo.

Perspectivas para la Reforma Judicial

El proyecto de inconstitucionalidad de González Alcántara podría votarse en el Pleno de la Corte la próxima semana y necesitará el apoyo de al menos ocho de los once ministros para ser aprobado. La postura del ministro Luis María Aguilar, quien concluye su periodo en noviembre de 2025, será crucial para la decisión.

Con la reforma judicial en juego y la elección de sus integrantes en el horizonte, México podría enfrentarse a un cambio radical en el Poder Judicial, que implicaría tanto un ajuste en su composición como en la autonomía e independencia que se plantea proteger. El desenlace de esta votación será definitorio para la relación entre los poderes del país y podría moldear la estructura de uno de los pilares democráticos de México.